Encuentro sobre Ley Ricarte Soto reúne a especialistas de diferentes instituciones
La instancia, organizada por la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, tuvo una masiva asistencia, y sirvió para debatir acerca de diversos tópicos de la promulgada ley.

Como una iniciativa para discutir las inquietudes con respecto a la ley que establece un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, conocida como Ley Ricarte Soto, es que la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes organizó un encuentro donde se dieron cita diferentes especialistas y representantes de diversas asociaciones e instituciones. "Quiero darles la más cordial bienvenida a este encuentro, en donde una vez más queremos analizar la promulgada Ley Ricarte Soto. Hemos llamado a este encuentro trabajando por el acceso y cobertura universal en salud, porque esa es la frase que refleja el espíritu de las asociaciones de pacientes en Chile", declaró Piga Fernández, presidenta de Fundación GIST Chile, en la apertura del evento, el cual se dividió en tres paneles. En el primero, se habló de los desafíos de la ciencia e investigación en el nuevo escenario.

El encargado de inaugurar las exposiciones fue el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Innovación Farmacéutica, Jean Jacques Duhart, quien valoró la iniciativa legal. "Esta ley constituye un paso muy significativo en lo concerniente a ampliar la cobertura, que es una de las tareas pendientes que tiene nuestro país. Cuando se examina el nivel de gasto de bolsillo que tenemos, se aprecia que duplicamos a los países de la OCDE, lo que refleja que hasta ahora este es un tema que ha sido abordado en Chile a través de la solución desde el financiamiento de las personas, de las familias, y que de alguna manera el Estado se ha mantenido en repliegue, con un rol secundario. Y de este punto de vista nos parece que esta ley marca un punto de inflexión y un cambio en la forma de cómo estamos abordando a nivel país y también como sociedad, el tema de apoyar la solución del problema de salud con una lógica más solidaria, y también más compartida",  afirmó.

"Cuando decimos que el Estado no ha podido resolver esto, también significa que como sociedad hemos dejado la solución a cada persona individual, y eso no sólo es un problema de equidad, sino también de eficiencia. Nos parece una excelente iniciativa, un gran paso que se está dando en lo sustantivo, y damos nuestro apoyo, y nuestro acuerdo entusiasta en un 99% a esta ley", agregó.

Jacques también habló de ciertos reparos que tienen como industria. "¿Cuáles son los principales reparos que tenemos en esta materia?, entendiendo que es un aspecto puntual, minoritario, y que como dijimos en lo sustantivo nos parece que esta ley es un gran avance como país. Principalmente son dos, creemos que hubo dos artículos que no fueron lo suficientemente discutidos. El primer punto que nos parece grave es el tratamiento absolutamente desproporcionado, inédito, en materia de responsabilidad por daños causados 'con ocasión de la investigación clínica'. Y el segundo es la forma en que se establece la obligación legal de dar continuidad al tratamiento a los participantes de ensayos clínicos, a la forma en que se trata esto, haciendo una continuidad a todo evento, de forma automática, indefinida, lo cual creemos que genera serios problemas", expresó.

Le siguió el presidente de la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH), Dr. Humberto Guajardo, quien dio a conocer la preocupación que tienen los decanos de Medicina en relación a la Ley. "Aquí hay algunas cosas que objetivamente nos complican, debo decir que con la ley estamos absolutamente de acuerdo, no he sabido de algún médico, ni decano, ni universitario que no lo esté, y esa es una realidad. Creo que todas las leyes como todas las construcciones que hacemos los seres humanos, son perfeccionables y lo importante es avanzar porque las buenas intenciones han estado", señaló el también decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago (USACH).

El médico manifestó su inquietud por las restricciones a la investigación científica. Asimismo, se refirió a la diferencia de precios en los medicamentos, al comparar la realidad de Chile con Europa, donde en nuestro país son mucho más caros.

En la actividad, se discutió, en el segundo panel, acerca de la implementación y administración del nuevo sistema de protección financiera. "Estamos muy contentos como Gobierno, ya que la Presidenta Michelle Bachelet puso un especial énfasis en esta Ley, que viene a abordar un problema de una gran cantidad de personas que no pueden acceder a sus tratamientos, y eso significa la vida, la muerte, la calidad de vida. Por lo tanto era un tema sumamente sensible, y la lógica del AUGE nos impedía incorporar ciertos tratamientos de alto costo, uno porque quizás no eran costos efectivos, y en segundo lugar, otra de las confusiones del AUGE, por decirlo así, era la alta prevalencia de cada una de las patologías que se iban a incorporar", partió diciendo la abogada Andrea Martones, quien es asesora legal del Ministerio de Salud (MINSAL), entidad que estuvo a cargo de la elaboración de la iniciativa. "Entonces esta lógica era, ¿cómo traemos los diagnósticos y los productos sanitarios de alto costo a la población, asegurando el acceso, bajo ciertos principios como la universalidad – que se entiende como todas aquellas personas que son cotizantes en un sistema previsional, de forma dependiente e independiente-, la seguridad, y la transparencia, y como un desafío importante que tiene esta ley es la alta participación que contempla en todos sus procesos", añadió la abogada.

"Señalar que esta ley tuvo una amplia participación en su tramitación en el Congreso. Cuando uno mira el proyecto original que ingresó inicialmente al parlamento, y uno ve el texto final, uno se da cuenta que gran parte de las indicaciones que formularon los parlamentarios, que conversamos con las agrupaciones, fueron finalmente acogidas", sostuvo Martones.

Luego fue el turno de Catherine Soto, profesional del Departamento Plan y Beneficios Fondo Nacional de Salud (Fonasa), quien contó cómo se está preparando la institución para la Ley Ricarte Soto en octubre de este año. “Además de los requisitos que ya contó Andrea para acceder a la Ley Ricarte, con respecto a que pueden acceder todos aquellos que cotizan en un sistema previsional en Chile, les explicaré cuándo un tratamiento es considerado de alto costo. Es considerado así cuando ese tratamiento a lo largo de un año sobrepasa el umbral. Es decir, si yo requiero un tratamiento alimenticio y mi fórmula vale mensualmente $100 mil, para saber si estoy sobre el umbral, debo hacer $100 mil en 12 meses. Es decir el valor anual del tratamiento para esa familia será de $1.200.000, como es el caso de la fenilcetonuria, y ese es el valor que hay que comparar con el umbral. Lo mismo en los diagnósticos. En el caso de los dispositivos, el valor de una prótesis va a ser en un evento, porque una vez se va a entregar. El umbral nacional es un monto fijo y se fijará cada tres años”, expuso Soto, quien agregó que el listado de las enfermedades que serán cubiertas por la Ley Ricarte, “van a estar en el decreto supremo, el cual se está elaborando, y que especificará los tratamientos, los medicamentos, los dispositivos médicos asociadas a las enfermedades que serán cubiertas. También incluye los exámenes de rigor, que son estándar, y las prestaciones necesarias para hacerles seguimiento”.

El resto de las prestaciones complementarias serán cubiertas por los sistemas previsionales de cada paciente. “En el caso de lo que complementa cada tratamiento, por ejemplo sesiones con nutricionistas, y psicólogos, iría cubierto por el plan de salud de cada paciente”. A su vez, reiteró que cualquier persona que esté en un sistema previsional puede acceder a la Ley, no obstante para poder ser incluido deberá cumplir con requisitos de inclusión que estarán en el protocolo de cada una de las enfermedades, que está elaborando el Ministerio de Salud.

“El otro requisito es que una persona que tenga un diagnóstico de alguna de las enfermedades que cubre la Ley Ricarte Soto, se debe atender necesariamente en los prestadores que indique el Minsal, es decir, ese paciente no puede ir al prestador que quiera”, agregó.

Los beneficiarios de isapres, en tanto, deberán activar su CAEC, y ver si alguna enfermedad específica estará cubierta por aquel seguro. “Los prestadores podrán ser públicos o privados, pero deberán estar acreditados por la Superintendencia de Salud, y Fonasa debe establecer convenios con aquellos prestadores”, agregó Soto.

También expusieron Jaime Junyent, de la Superintendencia de Salud, entidad que fiscaliza la Ley, y Gonzalo Simón, gerente general de desarrollo de la Asociación de Isapres de Chile.

En la parte final de la actividad, las congresistas Carolina Goic, y Karla Rubilar, ambas de la Comisión de Salud, tanto de la Cámara Alta, como de la Cámara Baja, compartieron mesa con Fabio González, director ejecutivo de la Corporación Psoriasis Chile. Hablaron del rol de la sociedad civil en políticas públicas. “Debemos generar instancias de trabajo, que nos permitan ir mejorando la ley. Si hay que hacer una revisión habrá que hacerla, pero no desde el enfrentamiento, sino que objetivar lo que se requiere, que son propuestas adicionales que no pasan por la ley”, expresó la senadora Carolina Goic.   

Por su parte, la diputada Karla Rubilar habló de la larga lucha que hay detrás de la Ley. “Hay que reconocer que esta es una lucha de muchos años, de muchas agrupaciones, antes de lo efectuado por Ricarte, y aquello es lo que primero que debemos destacar con respecto al rol de la sociedad civil. Y también cuestionarnos que, si la sociedad civil lleva 10 – 12 años en esto, ¿por qué tiene que venir un Ricarte Soto para ser escuchado?”, sentenció.

Finalmente, Soledad Valle de la Corporación en Ayuda a Familias de niños con Tirosinemia tipo 1 (AFANTI), cerró la jornada con un agradecimiento a las agrupaciones, donde las llamó a “seguir avanzando juntos”.

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